Artículo 5 de la Ley de IA de la UE: las ocho prácticas de IA prohibidas
El Artículo 5 prohíbe ocho prácticas de IA de forma absoluta — en vigor desde el 2 de febrero de 2025. Las multas alcanzan 35 M€ o el 7 % del volumen de negocios. Conozca las ocho prohibiciones y las trampas para empresas.
El Artículo 5 del Reglamento (UE) 2024/1689 traza una línea infranqueable. No se trata de aplicaciones de IA que requieran documentación adicional o una evaluación de la conformidad antes de su lanzamiento — están prohibidas. Ocho categorías de prácticas de IA quedan categóricamente vetadas, y la norma está en vigor desde el 2 de febrero de 2025. Si su sistema se encuadra en una de ellas, no hay vía de subsanación ni lista de comprobación de cumplimiento que lo haga aceptable. El único resultado posible es no desplegarlo.
Lo que está en juego está a la altura del carácter absoluto de la norma. La infracción del Artículo 5 activa el nivel sancionador superior del Artículo 99, apartado 3: hasta 35 000 000 EUR o el 7 % del volumen de negocios anual mundial total, si esta última cifra es mayor. Para las pymes y las empresas emergentes, la multa se limita al menor de esas dos cifras — pero incluso un porcentaje de los ingresos mundiales de una empresa pequeña no es un riesgo menor. La ejecución corresponde a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, y la Comisión Europea publicó en febrero de 2025 unas directrices sobre prácticas prohibidas para ayudar a los ejecutores nacionales a aplicar las disposiciones de forma coherente.
Este artículo recorre con precisión las ocho prohibiciones, identifica quién soporta la responsabilidad de cumplimiento, señala las trampas realistas para las empresas y explica dónde se aplican las excepciones estrictas.
Por qué el Artículo 5 importa antes que ninguna otra cosa
La Ley de IA de la UE estructura el cumplimiento como una secuencia. Antes de preguntarse si su sistema es de alto riesgo, o qué documentación necesita, primero se pregunta: ¿hace este sistema alguna de las cosas que prohíbe el Artículo 5? Si la respuesta es sí, el análisis termina ahí.
En la práctica, la mayoría de los sistemas de IA — incluida la mayoría de las herramientas de IA desplegadas por las empresas — no se acercarán al Artículo 5. Pero varias categorías prohibidas son más habituales en la actividad ordinaria de lo que los fundadores tienden a suponer. Las funciones de reconocimiento de emociones integradas en el software de RR. HH., los motores de recomendación con patrones engañosos y las herramientas internas entrenadas con imágenes faciales extraídas de la red son tres ámbitos en los que productos bienintencionados han derivado hacia terreno prohibido sin que nadie se diera cuenta.
Las directrices de la Comisión de febrero de 2025 sobre prácticas prohibidas dejan claro que se espera que las autoridades nacionales hagan cumplir estas disposiciones de forma activa. El Artículo 5 no es un plazo futuro. Se aplica desde el primer día en que entraron en vigor las prohibiciones de la Ley de IA de la UE.
Las ocho prohibiciones del Artículo 5, apartado 1
a) Técnicas subliminales, manipuladoras y engañosas
El Artículo 5, apartado 1, letra a) prohíbe los sistemas de IA que emplean técnicas subliminales, u otras técnicas manipuladoras o engañosas, para distorsionar el comportamiento de una persona de un modo al que esa persona no habría consentido, cuando dicha distorsión causa o es probable que cause un perjuicio considerable.
Tres términos cumplen aquí funciones distintas. Subliminal abarca los estímulos o la influencia que operan por debajo de la percepción consciente — incluida la personalización algorítmica diseñada para moldear decisiones sin que la persona se dé cuenta de que está siendo dirigida. Manipulador capta los sistemas diseñados para explotar sesgos psicológicos: señales de escasez artificial, falsa urgencia, ingeniería de prueba social o patrones engañosos que suprimen la capacidad deliberativa del usuario. Engañoso abarca la tergiversación — de la identidad del sistema, sus capacidades o la naturaleza del contenido que se presenta.
El perjuicio debe ser considerable, y no es necesario que se haya materializado; basta con la probabilidad de un perjuicio considerable.
La trampa práctica para los equipos de producto: un motor de recomendación entrenado para maximizar las métricas de interacción puede derivar hacia este terreno si aprende que las señales de urgencia o la información suprimida elevan los clics. Eso no es hipotético — es la dirección de avance de cualquier optimización sin restricciones sobre resultados conductuales. Las salvaguardas de diseño deben documentarse explícitamente.
b) Explotación de vulnerabilidades debidas a la edad, la discapacidad o la situación
El Artículo 5, apartado 1, letra b) prohíbe los sistemas de IA que explotan las vulnerabilidades específicas de una persona o de un grupo derivadas de su edad, su discapacidad o una situación social o económica concreta — cuando esa explotación distorsiona el comportamiento de un modo que causa o es probable que cause un perjuicio considerable.
Esta prohibición apunta a la explotación diferencial. Un sistema que empuja a todos los usuarios por igual mediante un diseño manipulador puede encuadrarse en la letra a); un sistema que identifica y dirige específicamente a las personas mayores, económicamente precarias o con deterioro cognitivo — y les aplica una persuasión más agresiva — se encuadra en la letra b).
La «vulnerabilidad» con arreglo al Reglamento es contextual. Los menores de 18 años se presumen vulnerables. Las discapacidades cognitivas, los trastornos de salud mental y la angustia financiera grave cumplen todos los requisitos. Una IA de préstamos rápidos que aplica una persuasión más dura a los solicitantes cuyo perfil de datos señala desesperación financiera sería un caso claro. También lo sería una herramienta de retención de suscripciones que encamina a los usuarios mayores hacia un flujo de retención más agresivo.
c) Puntuación social por parte de autoridades públicas
El Artículo 5, apartado 1, letra c) prohíbe la evaluación o clasificación de personas físicas o grupos a lo largo de un período de tiempo en función de su comportamiento social o de características personales o de personalidad conocidas, inferidas o predichas — que dé lugar a un trato perjudicial o desfavorable que se produzca o bien en un contexto social no relacionado, o bien de forma desproporcionada respecto de la conducta que generó la puntuación.
Esta disposición apunta al modelo de «crédito social»: agregar datos conductuales a lo largo del tiempo para producir una clasificación de fiabilidad o social que después condicione el acceso a servicios, oportunidades o derechos en contextos desconectados de la conducta original. La prohibición se aplica explícitamente a las autoridades públicas, aunque los principios recorren el Reglamento de forma más amplia.
Dos condiciones definen una infracción: el trato se produce o bien en un contexto no relacionado con el comportamiento social que generó la puntuación, o bien es desproporcionado respecto de ese comportamiento. Una autoridad municipal que deniega prestaciones de vivienda a alguien porque su actividad en redes sociales sugería oposición política al gobierno local satisfaría ambas.
d) Evaluación de riesgos que predice la comisión de delitos basándose únicamente en la elaboración de perfiles
El Artículo 5, apartado 1, letra d) prohíbe los sistemas de IA que realizan evaluaciones de riesgos de personas físicas, prediciendo la probabilidad de que una persona cometa un delito, basándose únicamente en la elaboración de perfiles de esa persona o en la evaluación de los rasgos y características de su personalidad.
La palabra clave es únicamente. La prohibición no es un veto absoluto a todas las herramientas predictivas utilizadas por las autoridades policiales. El Reglamento exceptúa los sistemas en los que la predicción de la IA complementa — en lugar de sustituir — una evaluación humana basada en hechos objetivos y verificables directamente vinculados a una actividad delictiva. Pero un sistema que genera una «puntuación de reincidencia» o una «probabilidad de amenaza» a partir de datos demográficos, patrones de comportamiento o la inferencia de rasgos psicológicos — sin ningún anclaje fáctico objetivo — se encuadra de lleno en la prohibición.
Esto importa para los proveedores de tecnología jurídica, las herramientas de analítica judicial y todo software vendido a las autoridades policiales que genere puntuaciones de riesgo individuales.
e) Extracción no selectiva de imágenes faciales para crear bases de datos de reconocimiento
El Artículo 5, apartado 1, letra e) prohíbe la creación o ampliación de bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales de internet o de imágenes de circuito cerrado de televisión.
«No selectiva» es el concepto operativo. La prohibición no impide la recopilación lícita y selectiva de datos biométricos de personas concretas en contextos autorizados concretos. Lo que veta es la recolección masiva de imágenes faciales — rastrear plataformas de redes sociales, archivos de noticias o redes de videovigilancia para crear o ampliar una base de datos de reconocimiento facial consultable sin ningún sujeto particular en mente. Varios proveedores comerciales de reconocimiento facial construyeron sus productos sobre exactamente este modelo antes de que se aplicara el Reglamento.
La prohibición se aplica a quien crea o amplía la base de datos — no necesariamente al usuario final del servicio de reconocimiento facial. Una empresa emergente que ofrece una API de búsqueda facial debe examinar si sus datos de entrenamiento o de índice procedían de una extracción no selectiva de internet.
f) Reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en la educación
El Artículo 5, apartado 1, letra f) prohíbe los sistemas de IA que infieren el estado emocional de las personas físicas en el lugar de trabajo y en los centros educativos, salvo en los casos en que dicho uso esté motivado por razones médicas o de seguridad.
Esta prohibición tiene una relevancia práctica inmediata para una amplia gama de herramientas desplegadas. El software que utiliza el análisis de expresiones faciales, la detección del tono de voz o señales fisiológicas para evaluar la implicación de los empleados, detectar la distracción o evaluar el estrés durante las videollamadas está prohibido — con independencia de que el empleador lo considere inocuo o beneficioso.
La tecnología educativa que supervisa la atención de los estudiantes, detecta el aburrimiento o puntúa la implicación emocional en las plataformas de aprendizaje en línea se encuadra en la misma prohibición. La excepción estricta es genuina: la supervisión médica de riesgos de seguridad física (p. ej., la detección de signos de fatiga en funciones críticas para la seguridad) o los contextos de atención clínica. No se extiende a la supervisión de la productividad, la evaluación del rendimiento ni los paneles de bienestar.
Si su producto incluye funciones de inferencia de emociones y se vende a los mercados de RR. HH. o de tecnología educativa, esta es la disposición que requiere una revisión inmediata.
g) Categorización biométrica que infiere atributos sensibles
El Artículo 5, apartado 1, letra g) prohíbe los sistemas de IA que categorizan individualmente a las personas físicas en función de sus datos biométricos para deducir o inferir su raza, sus opiniones políticas, su afiliación sindical, sus convicciones religiosas o filosóficas, su vida sexual o su orientación sexual.
La prohibición apunta a la categorización inferencial — utilizar señales biométricas (rasgos faciales, características de la voz, forma de andar) para derivar atributos sensibles que la persona no ha divulgado. Esto es distinto de, pongamos, utilizar la verificación biométrica para confirmar una identidad declarada. La preocupación es que los datos biométricos pueden utilizarse como sustituto para inferir características protegidas, lo que posibilita una discriminación que esquiva la pregunta directa.
Existe una excepción estricta: el etiquetado o la categorización biométrica realizados en contextos lícitamente permitidos — por ejemplo, las bases de datos de las autoridades policiales en las que los datos biométricos de los sospechosos puedan necesitar etiquetarse con información demográfica verificada en virtud del Derecho procesal penal. No se trata de una exención amplia; es un uso específico, estricto y autorizado.
h) Identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con fines policiales
El Artículo 5, apartado 1, letra h) prohíbe el uso de sistemas de IA para la identificación biométrica remota en tiempo real de personas físicas en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho — con sujeción a excepciones estrictas con garantías obligatorias.
Esta es la prohibición más extensamente estructurada del Artículo 5. «En tiempo real» significa la identificación de forma simultánea a la captación de datos, no el análisis posterior al hecho. «Espacios de acceso público» incluye calles, transporte público, zonas comerciales y cualquier recinto accesible al público en general, con independencia de su titularidad. «Fines de garantía del cumplimiento del Derecho» es el desencadenante del caso de uso — el uso por el sector privado de la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos está cubierto por separado por las letras e) y g).
El Artículo 5, apartados 3 y 4 establece las excepciones: la identificación biométrica en tiempo real por las autoridades policiales solo está permitida para las búsquedas selectivas de personas desaparecidas concretas (víctimas de secuestro, trata o explotación sexual); la prevención de una amenaza específica, importante e inminente para la vida o de un atentado terrorista; y la identificación de personas sospechosas de los delitos graves enumerados en el Anexo II. Cada uso requiere la autorización judicial o administrativa independiente previa, salvo en casos de urgencia en los que se exige la revisión posterior al uso en un plazo de 24 horas. También se exigen evaluaciones de impacto relativas a los derechos fundamentales y el registro ante las autoridades nacionales de supervisión.
La excepción no se extiende a la supervisión general del orden público, la ejecución de la política de inmigración ni el escaneo de todas las personas que pasan por un lugar.
Quién debe actuar respecto del Artículo 5
Las prohibiciones del Artículo 5 se aplican a los proveedores (quienes desarrollan e introducen sistemas de IA en el mercado) y a los responsables del despliegue (quienes utilizan sistemas de IA en un contexto profesional). Ambos pueden ser responsables.
Los proveedores deben cribar sus sistemas antes de su introducción en el mercado. Si su producto incorpora un módulo de inferencia de emociones, aunque sea como opción configurable, debe evaluar si esa función convierte el sistema en prohibido en los contextos en los que lo despliegan los clientes — en particular si su mercado objetivo son los compradores de RR. HH. o de tecnología educativa.
Los responsables del despliegue deben verificar que un sistema adquirido no se utilizará de un modo que active el Artículo 5. Un responsable del despliegue que activa funciones de reconocimiento de emociones en un centro de llamadas no queda protegido por el hecho de que el proveedor construyera la capacidad. El despliegue es la infracción.
Los importadores y los distribuidores soportan deberes de verificación: antes de introducir un sistema en el mercado de la UE, deben confirmar que el proveedor ha realizado el cribado del Artículo 5 y que no hay funciones prohibidas presentes.
La mayoría de las empresas ocupan la posición de responsable del despliegue — comprando y configurando herramientas de IA de terceros. Esa es la posición en la que la trampa del reconocimiento de emociones, en particular, salta con más frecuencia.
Un punto que los suministradores a veces pasan por alto: el Artículo 25 de la Ley de IA crea una regla de escalado de papel. Un responsable del despliegue que pone su propio nombre en un sistema de un tercero, lo modifica sustancialmente o cambia su finalidad prevista a una no cubierta por la evaluación de la conformidad original se convierte en proveedor de esa versión del sistema. Si su equipo de desarrollo envuelve un modelo de inferencia de emociones de un tercero en su producto y lo envía a los clientes, usted es el proveedor — con todas las obligaciones de cribado del Artículo 5, no meramente con la diligencia debida a nivel de responsable del despliegue.
La misma lógica se aplica al ajuste fino: un modelo ajustado con nuevos datos para un nuevo caso de uso puede adquirir una clasificación de riesgo distinta de la del modelo de base. Si ese caso de uso ajustado es una de las ocho categorías prohibidas, el modelo ajustado está prohibido con independencia del estatus del modelo original.
Tres trampas para empresas que conviene nombrar explícitamente
Reconocimiento de emociones en la supervisión de empleados. Un número sorprendente de herramientas de analítica de la fuerza de trabajo y de videoconferencia ofrecen ahora la puntuación de la atención o la implicación como función. Algunas plataformas la describen como «bienestar» o «información sobre productividad». Salvo que la finalidad sea una función médica o de seguridad genuina, desplegar esto en su oficina o en su equipo remoto está prohibido en virtud del Artículo 5, apartado 1, letra f). El texto de marketing de la herramienta no afecta al estatus jurídico de la función.
IA con patrones engañosos en la optimización de conversiones. Los motores de recomendación, las herramientas de pruebas A/B y los sistemas de optimización de correo electrónico entrenados con métricas de interacción pueden converger hacia patrones manipuladores — urgencia artificial, vías de exclusión suprimidas, señales de escasez no ligadas a ninguna escasez real. El Artículo 5, apartado 1, letra a) no exige intención. Si el sistema opera mediante mecanismos engañosos o manipuladores y el resultado causa o es probable que cause un perjuicio considerable, la prohibición se aplica.
Bases de datos de imágenes faciales construidas con datos extraídos. Toda empresa que construya una función de búsqueda facial, un sistema de etiquetado de fotos o un producto de verificación de identidad debe auditar de dónde procedieron sus datos de imágenes faciales. Si el conjunto de entrenamiento o el índice se ensambló mediante la extracción de internet o la ingestión no selectiva de videovigilancia, el Artículo 5, apartado 1, letra e) entra directamente en juego — con independencia de la aplicación prevista.
El Artículo 5 y el RGPD: no son la misma obligación
El Artículo 5 y las restricciones del RGPD sobre los datos biométricos (Artículo 9 del RGPD) abordan preocupaciones que se solapan pero que son distintas. El Artículo 9 del RGPD impone condiciones al tratamiento de datos biométricos como categoría especial; el Artículo 5 de la Ley de IA de la UE prohíbe usos concretos de los datos biométricos posibilitados por la IA, con independencia de que el tratamiento subyacente pudiera por lo demás estar permitido en virtud del RGPD.
Un sistema podría tener una base jurídica con arreglo al RGPD (pongamos, el consentimiento explícito) y, aun así, estar prohibido en virtud del Artículo 5. Las prohibiciones son acumulativas, no alternativas. El cumplimiento del RGPD es necesario, pero no suficiente.
Vale la pena explicitar esto a los clientes que suponen que su programa de cumplimiento del RGPD cubre la Ley de IA. A efectos del Artículo 5, no existe ningún mecanismo de consentimiento que convierta una práctica prohibida en una permitida — las prohibiciones son categóricas.
Los dos marcos sí interactúan de una manera práctica: la ejecución de una infracción del Artículo 5 que implique datos biométricos es probable que active una ejecución paralela del RGPD por parte de la autoridad de protección de datos competente. Los procedimientos duales, con estructuras sancionadoras separadas, son un resultado realista para un único despliegue prohibido. Eso duplica la urgencia del cribado previo al lanzamiento, en particular para cualquier sistema que trate imágenes faciales u otros datos biométricos a gran escala.
Cómo ayuda Confir
Antes de que comience cualquier evaluación de clasificación, Confir somete su sistema de IA a la lista de comprobación de prácticas prohibidas del Artículo 5. Esto es una compuerta: si se aplica alguna de las ocho prohibiciones, Confir devuelve una conclusión de «Riesgo Inaceptable» y el sistema se marca como no desplegable. No prosigue ninguna evaluación ulterior hasta que esa conclusión se resuelva.
La lista de comprobación se basa en reglas y es determinista — la misma admisión produce siempre el mismo resultado, con la regla concreta que se activó mostrada en lenguaje sencillo. Si usted es un responsable del despliegue que evalúa una herramienta de un tercero, o un proveedor que audita un conjunto de funciones antes del lanzamiento, esto le proporciona un registro defendible ante auditoría del paso de cribado del Artículo 5.
Si su sistema supera el Artículo 5, Confir pasa a la clasificación del Artículo 6 y a la delimitación del Anexo III para determinar si se encuadra en el nivel de alto riesgo.
La ejecución en la práctica
Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado son responsables de la ejecución del Artículo 5. Son las mismas autoridades designadas en virtud del Reglamento (UE) 2019/1020 para la seguridad de los productos — en Alemania, la Bundesnetzagentur y las autoridades a nivel de los Länder; en Francia, la DGCCRF; en los Países Bajos, la ACM, entre otras.
Las competencias de ejecución incluyen las inspecciones sin previo aviso, las solicitudes de documentación, las órdenes de suspensión cautelar, los requerimientos de acción correctiva y la retirada del mercado. Las directrices de la Comisión de febrero de 2025 fomentan una aplicación coherente en todos los Estados miembros y ofrecen a las autoridades criterios de referencia sobre qué constituye una práctica prohibida frente a un sistema de alto riesgo que requiere evaluación.
Para la mayoría de las empresas, el riesgo de ejecución a corto plazo derivado del Artículo 5 es menor que el riesgo reputacional y contractual. Los clientes corporativos — en particular los de sectores regulados — ya están solicitando a los proveedores documentación del cumplimiento del Artículo 5 como parte de la diligencia debida de adquisición.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo empezaron a aplicarse las prohibiciones del Artículo 5?
El 2 de febrero de 2025. Estas disposiciones se aplican desde esa fecha como parte de la primera fase de aplicación de la Ley de IA de la UE. No están sujetas al aplazamiento del Ómnibus Digital, que trasladó el plazo de alto riesgo al 2 de diciembre de 2027. El Artículo 5 ya está en vigor y es ejecutable.
¿Qué sanción se aplica por infringir el Artículo 5?
En virtud del Artículo 99, apartado 3, el techo sancionador es de 35 000 000 EUR o el 7 % del volumen de negocios anual mundial total del ejercicio financiero anterior — si esta última cifra es mayor. Para las pymes y las empresas emergentes, la multa se limita al menor de esas dos cifras en virtud del Artículo 99, apartado 6. Estas son las sanciones más elevadas del Reglamento; las infracciones de alto riesgo conllevan un techo inferior de 15 millones de euros o el 3 %.
¿Se aplica el Artículo 5 a los responsables del despliegue, o solo a los proveedores?
A ambos. Un proveedor que introduce un sistema prohibido en el mercado y un responsable del despliegue que utiliza uno en sus operaciones pueden enfrentarse cada uno a una acción de ejecución. Los importadores y los distribuidores que introducen sistemas no conformes en el mercado de la UE también soportan responsabilidad. El alcance del Artículo 5 a lo largo de la cadena de suministro es intencionadamente amplio.
¿Existe alguna excepción para el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo?
Solo por razones médicas o de seguridad en virtud del Artículo 5, apartado 1, letra f). Una herramienta que supervisa la fatiga del conductor en vehículos comerciales, o que detecta signos de angustia fisiológica en un entorno clínico, puede cumplir los requisitos. La supervisión de la productividad, la puntuación de la implicación y los paneles de bienestar no. La excepción es estricta y orientada a una finalidad — no abre una vía general para la analítica de RR. HH.
¿Hace lícita el consentimiento una práctica prohibida?
No. Las prohibiciones del Artículo 5 son categóricas. No existe consentimiento del usuario, acuerdo contractual ni finalidad empresarial que convierta una práctica prohibida en una permitida. Esto contrasta con el RGPD, donde el consentimiento puede ser una base jurídica para tratar datos sensibles. Con arreglo a la Ley de IA, las ocho prohibiciones son absolutas, con sujeción únicamente a las excepciones policiales estrictas del Artículo 5, apartados 3 y 4 para la identificación biométrica en tiempo real.
¿Cómo interactúa la prohibición de la identificación biométrica en tiempo real con el control fronterizo?
El control fronterizo operado por las autoridades policiales con la finalidad de prevenir los delitos graves enumerados en el Anexo II puede cumplir los requisitos de la excepción estricta del Artículo 5, apartado 4. El procesamiento rutinario de pasajeros — el escaneo de todos los viajeros en una puerta de embarque de un aeropuerto — no cumple los requisitos, porque no está dirigido a personas concretas y no alcanza el umbral de prevenir una amenaza específica o localizar a una persona concreta identificada.
¿Qué debo hacer si una herramienta de un proveedor incluye funciones de reconocimiento de emociones?
Evalúe si tiene intención de utilizar esas funciones en un entorno laboral o educativo. En caso afirmativo, utilizarlas está prohibido en virtud del Artículo 5, apartado 1, letra f), con independencia de lo que diga su contrato con el proveedor. O bien asegúrese de que esas funciones estén desactivadas y no puedan activarse, o bien seleccione una herramienta distinta. Documente su evaluación por si las autoridades nacionales investigan posteriormente el uso de la IA en su organización.
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